DIALOGOS DE PAZ, ¡ENTRE
LA ILUSION Y LA DUDA!
A propósito de los últimos acontecimientos a raíz del
secuestro del general y sus acompañantes, me hago diversos interrogantes sobre
el proceso de paz, que ya cumplió 2 años, y genera muchas dudas y expectativas.
El proceso de negociación que actualmente adelanta el
gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, es sin duda una apuesta
interesante para terminar con más de 50 años de conflicto en Colombia. Sin
discusión requiere de todo el apoyo institucional, de la confianza de la nación
colombiana y del acompañamiento de toda la comunidad internacional para
desactivar el conflicto y a uno de los grupos armados que más violencia ha
generado en el país como las FARC.
La experiencia internacional ha mostrado que el 82% de los
conflictos internos y las guerras
civiles libradas en los Estados durante la segunda mitad del siglo XX y
comienzos del XXI, han terminado con la firma de un tratado de paz y no con una
derrota militar total del adversario, la cual se ha dado solo en el 18% de los
conflictos. Se negocia fundamentalmente por varias razones: la imposibilidad de
derrotar al adversario, por la presión internacional, la derrota inminente del
adversario o por su deslegitimación. De allí, que estas razones sean
fundamentales a la hora de sentarse en la mesa con el oponente y de llegar a
los acuerdos finales.
No podemos olvidar que un proceso de paz es una negociación
política que implica una lucha por el poder, el reconocimiento del adversario,
algún grado de impunidad y la posibilidad de ganar en algunos aspectos, y ceder
en otros ámbitos de la negociación. Es importante anotar que el reconocimiento
que hace el gobierno del conflicto interno colombiano y el inicio de los
diálogos con la guerrilla le da a las FARC un estatus político que le permite acceder
a los beneficios políticos, jurídicos y sociales que se desprenden de este tipo
de procesos y que van más allá de una simple desmovilización y reincorporación
a la vida civil de sus combatientes.
El Estado de la mano de la sociedad civil debe garantizar el
éxito de esta negociación y sortear con decisión los obstáculos de este tipo de
procesos para obtener finalmente el fortalecimiento de las instituciones del
Estado, la desarticulación de las FARC, la reparación material, moral y
simbólica de las víctimas, el establecimiento de la verdad, un equilibrio entre
aplicación de justicia y paz para evitar impunidad, y la reconstrucción social
para un postconflicto exitoso.
El proceso de paz es una apuesta interesante del gobierno
nacional, pero no exenta de muchos peligros para su éxito y para la propia
estabilidad de la sociedad colombiana:
• El país no olvida
las consecuencias de una negociación sin objetivos claros como la del Caguán,
donde por el anhelo de mantener a toda costa una negociación sin un norte claro
y en medio de la confrontación, no solo se llegó a un rotundo fracaso del
proceso de paz sino que además se abrió un nuevo ciclo de violencia que hasta
hoy estamos padeciendo. Igualmente, están latentes los errores del proceso de
negociación con los paramilitares y las debilidades de la Ley de Justicia y
Paz.
• Para crear un
ambiente propicio de negociación es preciso generar un discurso pedagógico y un
optimismo ciudadano en torno a la paz, elementos muy débiles en el momento
actual de Colombia, donde las personas tienen la percepción de que la
inseguridad empeora y que no existen las condiciones para un cierre negociado
del conflicto por las acciones violentas y cotidianas de las guerrillas de las
FARC y del ELN, que en muchas regiones del país se articulan con las
denominadas Bacrim a través de los negocios ilícitos que comparten.
• Sobre los
principales puntos de la agenda de negociación: Política de Desarrollo Agrario,
Participación Política, Solución del Problema de las Drogas ilícitas, la
Política de Victimas y la Implementación, verificación y refrendación de los
acuerdos, nadie desconoce que son problemas centrarles de la realidad y del
conflicto nacional. Las críticas se acentúan cuando un actor como las FARC que
representa una minoría se les otorga la vocería para negociar los grandes
problemas nacionales en momentos que si bien es cierto no están totalmente
derrotados, si se encuentran en un claro retroceso político y militar.
• Sobre los
negociadores del Gobierno Central en el proceso de Paz es importante resaltar
que representan sectores estratégicos del país: gremios económicos, clase
política, ex generales de las fuerzas armadas y asesores de paz. El gran vacío
en la mesa lo constituyen las víctimas, quienes a pesar de haber sufrido las
más graves violaciones a los derechos humanos no encuentran un representante
directo que defienda sus interés, muy a pesar que uno de los puntos centrales
de la negociación sea la Política de víctimas. Igualmente, la mesa carece de
otros representantes de la sociedad civil.
• El éxito de
cualquier proceso de negociación es el equilibrio entre: Verdad, Justicia y
Reparación. Si no se garantizan estos principios nunca se va a consolidar la
paz. Es verdad que el reconocimiento que hace el Estado de las FARC implica que
sean tratados en la negociación como delincuentes políticos, lo que no quiere
decir que siempre se hayan comportado como tal, y que no tengan que pedir
perdón y decir la verdad por los delitos que han cometido.
• La firma de un
tratado de paz con las FARC no representa el fin del conflicto ni la usencia de
violencia. Sin duda para el Estado colombiano es muy importante terminar con el
Mito FARC y desactivar una estructura militar como la que representa el grupo armado. Lo anterior no asegura que
efectivamente la mayoría de los integrantes acepten reintegrarse a la sociedad
y no terminen haciendo parte de otras estructuras criminales como las Bacrim
que están dispuestas a pagar por incorporar a sus filas a ex combatientes.
Incluso son muy conocidas las relaciones de las guerrillas con las bandas
criminales en algunas regiones de Antioquia y el país, pero estas conexiones no
están mediadas por una identificación ideológica, sino por factores de lucro.
• Implicaciones
Internacionales de la negociación: Las normas imperativas de derecho
internacional no pueden ser violadas por ninguna de las partes en conflicto, y
mucho menos hoy, que existen organismos internacionales como la Corte Penal
Internacional. Colombia ha suscrito el tratado que la adhiere a la Corte Penal
Internacional y no puede desconocer las obligaciones y tratados internacionales
que ha contraído. En este contexto hoy no existe un marco de seguridad jurídica
para los miembros de las FARC, pues el Estado no puede otorgarles beneficios
por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han cometido y cometen a
diario, lo que implica una grave violación al Estatuto de Roma, al cual
Colombia se suscribió en el 2002.
Establecer marcos de perdón y olvido, o establecer condenas
figurativas, no excluyen la responsabilidad penal de quienes cometieron los
delitos. Quienes hayan infringido las normas de derecho relativas a la
protección de la humanidad y no fuesen condenadas, será la Corte Penal la que
de manera subsidiaria se encargue de juzgar las conductas e impartir justicia.
Por tal razón, se debe definir cuál va ser el blindaje jurídico para que esta
institución internacional no entre a operar en el caso de los delitos contra la
humanidad que han cometido las FARC.
Por estos limitantes, defensores de los Derechos Humanos como
José Miguel Vivanco de Human Rights Wactch, critican al gobierno de Juan Manuel
Santos por abrir una puerta a la impunidad, y declaran que el Marco para la Paz
es una “amnistía encubierta”. Así mismo, organizaciones no gubernamentales como
Amnistía Internacional, manifiestan
serios cuestionamientos al proceso de paz por la posibilidad de impunidad y la poca reparación
para las víctimas.
• Para el éxito del
proceso de paz es fundamental que el Gobierno nacional tenga en cuenta a los
departamentos y a las autoridades locales. Un proceso que no reconozca la
realidad política, social y económica de las regiones, ni la lógica particular
del conflicto, estaría desconociendo no solo las diferentes problemáticas que
padece la nación, sino además los diversos actores que intervienen en cada
región y las soluciones particulares que deben formularse para resolver el
conflicto de acuerdo a su génesis en el territorio. Finalmente, el proceso de paz no puede
convertirse en una plataforma política del Gobierno del presidente Santos para
subir sus índices de favorabilidad, buena imagen y percepción ciudadana, en los
cuales las encuestas lo muestran en claro retroceso. Tampoco puede convertirse
en un ejercicio de cálculo electoral para una posible relección del mandatario.
Las FARC no pueden seguir poniendo la
agenda electoral del país ni mucho menos incidir en la elección de los
presidentes de Colombia.
Algunas de las preguntas de fondo que tenemos que hacernos
los colombianos son:
¿Existen las condiciones necesarias para que el Estado inicie
un proceso de paz creíble con los grupos al margen de la ley?
¿Cuáles son las condiciones necesarias para evitar la
reaparición de la violencia?
¿Cuándo hablamos de posconflicto estamos preparados y dispuestos
los colombianos a asumir los costos políticos, sociales y económicos de este
proceso?
¿Tenemos una sociedad civil fuerte, articulada, participativa
y preparada para el cambio?
¿Están los actores del conflicto dispuestos a reconocer sus
actuaciones, decir la verdad y reparar a las víctimas?
